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En el último año, los planes del presidente Trump para la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos —EPA por sus siglas en inglés— y sus cuatro décadas de trabajo dedicados a proteger la salud humana y el ambiente han sido confusos pero preocupantes. A lo largo de la campaña electoral, la retórica presidencial puso en claro que habría grandes cambios para la agencia y, ahora, en los últimos dos días, estamos comenzando a tener la primera impresión de cuáles serían estas modificaciones y de cómo podría el presidente llevarlas a cabo.

Anoche, ProPublica reportó que, de acuerdo con fuentes confidenciales, todas las subvenciones y contratos de EPA había sido congelados. Myron Ebell, quien trabaja para el centro de estudios libertarios Competitive Enterprise Institute (que se opone acciones para luchar contra el cambio climático) y supervisó la transición de la EPA para la administración Trump, dijo a ProPublica que esta congelación no es algo que no se haya visto antes y que permitirá al nuevo gobierno evaluar cualquier acción nueva. Aunque esto pudiera ser cierto, congelar el financiamiento de la EPA, además de restricciones en las comunicaciones de la EPA con el público y la prensa (así como con otras agencias federales), son signos preocupantes de una posible supresión de cualquier información científica de gobierno que esté en desacuerdo con la amigable agenda a favor de los combustibles fósiles que tiene la nueva administración.

La noticia de ProPublica fue precedida por un documento interno de transición publicado ayer en la mañana por Axios, quien sugiere que la EPA está destinada a una reestructuración mayor. El documento filtrado describe el primer intento de la nueva administración para poner en acciones ejecutables la promesa de campaña de Trump de destripar la EPA. Pero no hay mucho más allá de eso: Axios publicó solamente fragmentos y un sumario del documento (el cual ha sido autenticado, pero no es la versión final).

El documento, que según se ha reportado fue escrito por Ebell, pareciera ser una reconsideración de principio a fin acerca de la agencia gubernamental y su rol, pero no ofrece detalles acerca de cómo la nueva administración podría eventualmente desmenuzar las regulaciones y el financiamiento de EPA con maniobras políticas y burocráticas. A pesar de la falta de detalles, es muy probable que los puntos principales de la comunicación preocupen a cualquier persona que crea que la salud de las aves y el de futuras generaciones depende de una EPA sólida.

A un nivel más amplio, el documento llama a una revisión de la relación entre ciencia y regulación en la EPA. Argumenta que la EPA debería dejar de financiar investigación y clarifica sus estándares en temas como datos, conflicto de intereses y la manera en que la ciencia da forma a la política. No podemos saber, con total seguridad, los motivos de la nueva administración, pero esta postura resuena como el eco de las tácticas de represión a la ciencia de una reciente administración gubernamental en Canadá que renegaba del cambio climático.

El reporte también menciona algunos proyectos específicos de EPA que la nueva administración espera desmantelar, como las regulaciones de gases de efecto invernadero en plantas eléctricas (tales como el Plan de Energía Limpia para plantas ya existentes), los estándares para economía de combustible en vehículos, y la ley de Aguas de los Estados Unidos, la cual permite a EPA regular la polución en humedales bajo el amparo de Ley de Aguas Limpias.

En apariencia, el documento provee evidencia de un gran ataque a futuro para socavar la autoridad que tiene EPA para regular la polución y proteger el ambiente. Sin embargo, de acuerdo un análisis de Vox, anular estas políticas será, muy probablemente, un ejercicio complicado, dado que estas son reglas oficiales de la EPA. El editor Brad Plumer describe lo que podría ser este proceso:

Si Trump quiere revocar o modificar estas reglas, no puede hacerlo de un solo plumazo. La EPA tendría que comenzar el largo y tedioso proceso de escribir sus reglas por completo de nuevo. Eso significa notificar al público de cualquier cambio en sus reglas, solicitar comentarios públicos de esos cambios, responder a esos comentarios públicos, y luego, rigurosamente, justificar sus nuevas reglas, probablemente antes de ir a la corte.

Esta última parte es más difícil de lo que parece. La Ley del Aire Limpio requiere que la EPA regule muchos contaminantes diferentes, incluyendo los gases de efecto invernadero. Así que el equipo de Trump no puede simplemente decir: “No nos gusta esta regulación, es demasiado costosa”. Ellos tendrían que proponer un sólido argumento legal de por qué, el Plan de Energía Limpia, por ejemplo, es una forma inapropiada de controlar el CO₂ proveniente de las plantas de energía y qué harían ellos de modo diferente.

La pieza de Vox también incluye un ensayo detallado de cinco tácticas presentes en el arsenal de la nueva administración para atacar a EPA (y las políticas ambientales de forma general). Una táctica para todo uso serán los recortes presupuestarios. Eso no es nada nuevo para la EPA, que ha sido un objetivo regular de los oficiales que buscan reducir el gasto gubernamental. En este momento, los detalles son escasos, pero el comunicado de Axios incluye tres cifras específicas de programas ambientales que suman más de US$800 millones de financiamiento perdidos. Un golpe tan grande podría afectar innumerables programas, pero ese, por supuesto, sería el propósito. Para la nueva administración, se está volviendo cada vez más claro que la EPA es un problema en crecimiento con el que hay que lidiar, en lugar de una agencia de gobierno que es vital para proteger la naturaleza y a la gente.